El rechazo de diligencias indica que Hurtado da por terminada la investigación a García Ortiz y valora llevarle a juicio 5a3p45

En esa fecha trascendió a los medios de comunicación un 'mail' que el letrado de González Amador, Carlos Neira, había enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Delitos Económicos.

En ese correo la defensa de la pareja de Ayuso proponía un acuerdo de conformidad asumiendo que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" por parte de González Amador.

La causa contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez se centra, particularmente, en la difusión del contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024, lo que se produjo en la noche del 13 de marzo siguiente, después de que Rodríguez lo enviara al fiscal general.

El interés de éste era desmentir noticias falsas difundidas esa noche, filtradas por el entorno de Ayuso, según las cuales el acuerdo de conformidad había sido propuesto por la propia Fiscalía y luego retirado "por órdenes de arriba".

Hurtado no considera necesario pedir los correos que la Fiscalía y el abogado de González Amador se intercambiaron tras la filtración del 'mail' inicial del 2 de febrero.

Aunque la defensa de la fiscal jefa de Madrid los había pedido para demostrar que esa filtración no interrumpió la negociación de la conformidad, el instructor explica que "no se acaba de ver la relación que pueda tener la diligencia solicitada con los hechos que son objeto de investigación, acotados a los días 8 a 14 de marzo de 2024, y más en particular entre las últimas horas del día 13 y el 14 de marzo".

Hurtado también ha confirmado el rechazo de diligencias pedidas por la acusación particular que ejerce González Amador y la acusación popular de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La primera quería acceder a los metadatos del archivo que García Ortiz envió a Rodríguez en la medianoche del 13 de marzo con el borrador de la nota de prensa que iba a difundirse al día siguiente para desmentir que el acuerdo de conformidad hubiera sido propuesto por la Fiscalía y posteriormente retirado.

Por su parte, la APIF pretendía incorporar al procedimiento los expedientes de dación de cuentas relativos a la denuncia contra González Amador para verificar si hubo irregularidades. Hurtado considera "superflua" esa diligencia y descarta un hipotético delito de prevaricación sugerido por esta acción popular.

Al margen de los recursos de apelación aún no resueltos por la Sala, no hay pendiente ninguna diligencia de instrucción, lo que apunta -indican las partes consultadas- a un inminente cierre de la investigación.

Hurtado pretendía dictar hace varias semanas la resolución de finalización de la instrucción, lo que no ha podido hacer por haber aceptado unas testificales pedidas por el fiscal general y por haber tenido que tomar declaración a González Amador por orden de la Sala de Apelación.

El instructor valora ya la imputación formal de García Ortiz y Rodríguez, que ayer mismo le pidió el abogado de González Amador.

"Por ser pareja de Ayuso" 6z3w1t

"Resulta imposible concebir una actuación" del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid "de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo mediante su sustitución por una continuidad de revelaciones", sostiene la representación de la pareja de Ayuso en ese escrito.

Afirma que García Ortiz y Rodríguez habrían revelado tanto a determinados medios como al propio Gobierno la denuncia de la Fiscalía contra González Amador por dos delitos tributarios y uno de falsedad documental, el expediente de la Agencia Tributaria y "su posición procesal exacta y literal con respecto a los hechos y la calificación penal objeto de una negociación de conformidad jurisdiccional: 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda
pública'".

"Lo anterior se produjo por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid", afirma la acusación particular.

Por ese motivo "se dio publicidad a todos esos datos desde la Fiscalía General del Estado con destino a medios, al rival político de su pareja [Juan Lobato] y hasta a la directora del gabinete de Secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno [Pilar Sánchez Acera], el secretario de Estado de Comunicación o el director de comunicación del PSOE".

Revelaciones seguidas de un "uso político continuado para denominar a Alberto González
Amador como delincuente confeso" por parte del presidente Pedro Sánchez y otros del Gobierno.

"Nadie duda de que de haber mantenido González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados operadas entre el 7 y el 14 de marzo de 2024", afirma la acusación particular.

Petición de archivo de Rodríguez 123q62

En sentido contrario, la defensa de Pilar Rodríguez ha pedido el archivo de la causa respecto a ella, dado que "se ha limitado a una conducta profesional desarrollada con arreglo a la normativa y pautas que rigen la actividad de todos los del Ministerio Fiscal".

"La puesta en conocimiento del fiscal general del Estado de una denuncia o del contenido íntegro de unas diligencias de investigación preprocesales tramitadas en una Fiscalía, o de los hitos procesales acaecidos durante el curso de un procedimiento penal – o de la totalidad del mismo-, lejos de constituir una anomalía o una extravagancia, resulta una obligación estatutaria que los fiscales de toda España cumplen diariamente y que, por consiguiente, se inserta en el normal funcionamiento del Ministerio Fiscal", afirma.

Respecto a la nota de prensa, Rodríguez se limitó a dar su conformidad "a un texto ya redactado, que no se identificaba como nota de prensa y que difería de lo posteriormente publicado".

"Nadie se puso en o con ella para pedirle su opinión sobre el texto definitivo, el formato o, lo que es más relevante, para informarle de que se iba a publicar una nota informativa como emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid", afirma.

La defensa de la fiscal jefa de Madrid -que también niega que haya indicios contra García Ortiz- rechaza igualmente que se pueda hablar de un delito de revelación de secretos.

"La confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales [entre la defensa de González Amador y la Fiscalía] ya se había infringido con la publicación de la información de El Mundo, que ya recogía el contenido del correo del fiscal al letrado de González Amador" el 12 de marzo de 2024. En ese 'mail' el fiscal comunicaba a la defensa del empresario que no veía obstáculo para una posible conformidad.

"A nuestro entender", añade la defensa de Pilar Rodríguez, "esas conversaciones, que nunca debieron trascender de la relación fiscal-letrado, dejaron de ser secretas desde el momento que el letrado Carlos Neira le hizo llegar a su cliente [González Amador] el correo de 12 de marzo y González Amador lo remitió a Miguel Ángel Rodríguez [jefe de gabinete de Ayuso] que, a su vez, lo divulgó" a dos chats de periodistas.