El fiscal general pide el archivo de su causa: "Fue el entorno de Ayuso el que filtró información usada en una campaña política" b193f

En un extenso escrito presentado cuando "todo parece indicar que la instrucción está cerca de su finalización", el abogado del Estado, que defiende a García Ortiz, sostiene que "no hay prueba, porque no puede haberla" de que el máximo responsable de la Fiscalía "desvelase nada" sobre González Amador "ni diese publicidad a nada" que no fuera la nota de prensa del 14 de marzo de 2024.

En ese comunicado se salía al paso de noticias falsas difundidas en la noche del 13 de marzo de 2024 en el sentido de que la Fiscalía había propuesto un acuerdo de conformidad a la pareja de Ayuso "para que se declare culpable de dos delitos fiscales".

La verdad era que la propuesta de alcanzar un pacto -que necesariamente pasaba por el reconocimiento del fraude tributario a cambio de una pena más benévola- había partido del abogado de González Amador, Carlos Neira. Así lo manifestó en un correo enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos el 2 de febrero de 2024, en el que el defensor, "de común acuerdo con Alberto González", itía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública".

Lo que se atribuye a García Ortiz es haber filtrado ese correo, cuyo contenido fue difundido inicialmente por la Cadena Ser en la noche del 13 de marzo de 2024, desmintiendo una información de El Mundo a las 21:29 horas de ese día con el título La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que ita dos delitos fiscales.

El escrito de petición de archivo sostiene que la instrucción ha puesto de manifiesto que, antes de que García Ortiz conociera el correo del 2 de febrero -que le llegó a las 21:59 horas del 13 de marzo- varios periodistas ya conocían la existencia de la negociación entre Neira y Fiscalía, como se ha acreditado con mensajes de WhatsApp aportados por informadores de El País.

También conocían la negociación la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y su jefe de prensa.

Fue Lastra la que, a las 20:50 horas del 13 de marzo, alertó al fiscal general de las llamadas de periodistas que afirmaban que "el jefe de gabinete de la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, está trasladando a los medios que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a González Amador y que [la Fiscalía] ha recibido órdenes de la superioridad de no llegar a ese pacto".

De esta forma, la Abogacía del Estado señala que, con independencia de la inexistencia de indicios que permitan atribuir ninguna revelación a García Ortiz, "la información ya no tenía carácter reservado en el momento en que el fiscal general tuvo conocimiento de la misma".

La instrucción ha puesto de manifiesto, afirma, que fue "el entorno político de la presidenta de la Comunidad de Madrid" el que divulgó informaciones sobre la situación tributaria de González Amador y su negociación con la Fiscalía. Informaciones que fueron "empleadas en una campaña política por ese entorno en los días previos al 13 de marzo y, fundamentalmente, en la tarde del propio día 13 de marzo".

El escrito reprocha a la querella de González Amador que dio origen al procedimiento que "omitiera deliberadamente datos relevantes que implicarían que los hechos investigados no son constitutivos de delito".

Así, la querella omitió que Miguel Ángel Rodríguez recibió de González Amador, a las 09:09 horas del 12 de marzo de 2024, una fotografía del correo electrónico remitido ese mismo día por el fiscal a Neira sobre el estado de las negociaciones de conformidad. "Todo sigue en pie", le dijo el abogado.

La querella "elude toda mención a las conversaciones mantenidas por González Amador con profesionales de la información [de El Mundo] el día 13 de marzo de 2024", conversaciones que permitieron la publicación de "fragmentos literales del correo electrónico de 12 de marzo de 2024 así como el contenido esencial de la negociación y de la propuesta de conformidad contenida en el correo de 2 de febrero de 2024".

La querella "ocultó" que Neira envió el correo del 2 de febrero también a un abogado del Estado, lo que "revela una voluntad deliberada por parte del querellante y de su letrado de eliminar cualquier hecho que se interpusiera en el relato incriminatorio que pretendían construir, orientado de forma unívoca en perjuicio del fiscal general del Estado".

"Las omisiones detectadas en el escrito que dio origen al presente procedimiento no son meros olvidos o errores materiales: obedecen a una estrategia procesal cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos", buscando "desplazar artificialmente la sospecha" hacia García Ortiz.