García Ortiz pide que declare el abogado del novio de Ayuso para saber a quién reenvió el 'mail' que ofrecía al fiscal pactar 3e1s2m

García Ortiz está siendo investigado por la filtración a la prensa de ese correo el 13 de marzo de 2024. Pero la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, sostiene que el 'mail' no solo fue enviado a un buzón genérico de la Fiscalía al que accedían varios fiscales de delitos económicos sino que también fue remitido a un abogado del Estado y, además, la voluntad de González Amador de reconocer el fraude tributario ya era conocida por varios periodistas, lo que eliminaría el carácter secreto de esa información.

La defensa quiere saber si el 12 de marzo de 2024, esto es, un día antes de la filtración atribuida al fiscal general, Neira recibió comunicaciones, vía WhatsApp y correo electrónico, de periodistas de El País en las que se solicitaba la confirmación de que "González Amador tenía voluntad de reconocer la comisión de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública".

También quiere conocer si el abogado reenvió a su cliente un correo del fiscal del caso que Neira recibió en la mañana del 12 de marzo de 2024. El fiscal le adjuntaba la denuncia por fraude a Hacienda interpuesta contra la pareja de Díaz Ayuso y le comentaba que no habría obstáculo para llegar a un acuerdo.

La Abogacía del Estado pretende preguntar al letrado "si autorizó o consintió que dicho correo [del fiscal] fuera posteriormente remitido por Miguel Ángel Rodríguez [jefe de gabinete de Ayuso] a distintos medios de comunicación". Y también "si reenvió ese o cualquier otro correo de los recibidos o remitidos a la Fiscalía de delitos económicos a otras personas, ya pertenecieran al ámbito de su despacho profesional, o a su oficina, o a terceros".

La defensa ha entregado al instructor las actas de manifestaciones ante notario realizadas por varios periodistas, entre ellos José Manuel Romero. Éste asegura que a las 13.30 horas del 12 de marzo de 2024 mantuvo una conversación con un "interlocutor en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid" en la que "me explicó que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso había itido los delitos y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión que pediría la Fiscalía. Además, ese interlocutor me facilitó a través de WhatsApp el nombre del abogado, Carlos Neira".

La Abogacía del Estado ya ha pedido anteriormente, sin éxito, la declaración de estos periodistas. El instructor considera que "poco aportan" a la sospecha de que el concreto texto del correo de Neira habría sido filtrado por García Ortiz. Su criterio ha sido confirmado por la Sala de Apelación.

Los informes de la UCO 6w6j4l

La defensa ha solicitado otras dos diligencias relacionadas con la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En concreto, pide que comparezcan los agentes que elaboraron dos informes sobre los mensajes de móvil y de correo electrónico intervenidos a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada, por la "contradicción existente" entre ellos.

En el primero, la UCO afirma que la primera difusión pública del contenido del correo electrónico enviado por Neira al fiscal itiendo los delitos tributarios tuvo lugar a las 23:51 horas del día 13 de marzo de 2024 en la página web de la Cadena Ser.

Sin embargo, en el segundo informe la UCO indica que a las 23:25 horas del mismo 13 de marzo de 2024, durante la emisión en directo del programa Hora 25 de la Cadena Ser, ya se estaban leyendo en antena “párrafos textuales” del citado correo.

"Esta diferencia de 26 minutos resulta particularmente relevante para el objeto del procedimiento, al afectar de manera directa al momento en que se habría producido la filtración", indica la defensa Subraya, a este respecto, que la "recepción completa" por el fiscal general de los mensajes intercambiados entre Neira y el fiscal del caso no se produjo hasta las 23:46 horas del 13 de marzo.

La segunda diligencia solicitada se refiere al informe del pasado 7 de febrero en el que la UCO se refería al borrado del móvil del fiscal general e indicaba que "la falta de mensajes anteriores al 16 de octubre del 2024 en WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre”. Ese día la Sala Penal del Tribunal Supremo abrió la causa contra García Ortiz.

El fiscal general "ha manifestado que regularmente y por motivos de seguridad y protección a terceros borraba los datos de su terminal", afirma la defensa, que solicita que se encomiende a la UCO un nuevo informe para determinar "si resulta técnicamente posible identificar cuántos procesos de eliminación o vaciado de mensajes, total o parcial, y con qué contenido, se han producido en la aplicación WhatsApp en el dispositivo analizado entre el 8 de marzo y el 16 de octubre de 2024".

Y también para "esclarecer si es posible afirmar que las conversaciones comprendidas entre los días 8 y 14 de marzo de 2024 fueron eliminadas en el borrado de día 16 de octubre de 2024".