Los representantes de los colectivos demandantes, a las puertas de los juzgados de Zamora Europa Press 3q5d
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Denuncian a Caballero como "instigador" de una prevaricación por la supresión de paradas de tren en Sanabria 43o11
Colectivos de Zamora llevan semanas denunciando el recorte de paradas de tren en su provincia que han provocado que el viaje en AVE entre Vigo y Madrid baje de las cuatro horas 266o1a
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Varios colectivos han denunciado este viernes en Zamora un posible delito de prevaricación por la supresión de paradas de tren en Sanabria. Apuntan a los presidentes de Renfe y Adif, al secretario de Estado de Transportes y, como "instigador", al alcalde de Vigo, Abel Caballero.
La denuncia ha sido registrada en el Juzgado de Primera Instancia de Zamora y también incluye un posible delito de abandono ilegal de servicio público por la supresión de paradas de tren en Sanabria, que ha mejorado los tiempos de viaje entre Vigo y Madrid.
Los denunciantes, Unión del Pueblo Leonés (UPL), la asociación Viriatos, Terra SOStenible y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, han decidido recurrir a la vía judicial tras semanas de protestas. Su objetivo es conseguir una medida cautelar para frenar la decisión de Renfe.
Como recuerda Europa Press, en la reorganización de servicios planteada por Renfe, que entra en vigor este 9 de junio, se suprimen varias paradas en la estación de Sanabria Alta Velocidad, ubicada en la línea entre Madrid y Galicia. En concreto, afecta a las frecuencias matinales tanto de ida como de vuelta.
"Según el presidente de Renfe, se han cerrado las paradas de AVE en Sanabria por un motivo de interés público. El interés público lleva unos trámites legales (...), una declaración de interés público por parte de Transportes que no se ha llevado a cabo", ha argumentado la abogada denunciante, Pilar Calvo.
"Es una decisión injusta" 2qm2h
Para la abogada, esta es "una decisión injusta a sabiendas, con lo cual entraría dentro del presunto delito de prevaricación". "Por otro lado, el tren tiene una vocación de servicio público y, en este caso, si se quitan frecuencias, el servicio público para el que está destinado no lo lleva a cabo", ha apostillado Calvo.
Ha añadido, además, que el Gobierno compensa a Renfe y a Adif todos los años por aquellos servicios que son deficitarios: 918 millones en 2025. "Entonces no tiene sentido ninguno, desde el punto de vista jurídico o técnico, suspender estos", ha insistido.
Calvo ha matizado que el presunto delito podría llevar aparejada una pena de ocho meses de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
También ha aclarado que la demanda se ha presentado en Zamora por ser la provincia a la que afecta, aunque no ha descartado que, si se considera que influye también a otros territorios, pueda pasar a la Audiencia Nacional.
