Ecosistemas en pie de guerra: el río Marañón en Perú y la incansable lucha por la protección legal de su hábitat 695g3d

A lo largo de más de 1.700 kilómetros, un majestuoso río serpentea desde la imponente Cordillera de los Andes hasta fundirse con las aguas del Amazonas. Se trata del segundo río más largo del Perú: el Río Marañón.

Reconocido por su extraordinaria biodiversidad, alberga en sí mismo al menos once especies de aves únicas en el mundo, según reporta WWF. Sus aguas, cargadas de nutrientes y sedimentos, además, sustentan el crecimiento de algas que sirven de alimento a los peces que forman parte esencial de la dieta local.

Para la comunidad indígena Kukama, y otras tantas ubicadas en la cuenca del caudal, en plena selva peruana, esta corriente fluvial no es solo un cauce de agua, sino el guardián vital de su existencia y el latido mismo que sostiene la cultura y el ecosistema que florecen a su alrededor.

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Mientras en las ciudades cosmopolitas la conciencia ambiental suele manifestarse en acciones como el reciclaje o la reducción del consumo de recursos o bienes dañinos en el pulmón del planeta, el río Marañón es vida directa y tangible.

Es por ello por lo que, durante décadas, este afluente del Amazonas, rico en minerales y reservas hidrocarburíferas, ha atraído la atención de múltiples empresas interesadas en explotar sus recursos naturales y su potencial energético.

Un escenario que no solo afecta a la diversidad ecológica autóctona, dinamitando el equilibrio de su hábitat, sino también a las comunidades indígenas y locales que dependen de sus aguas para subsistir.

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Desde concesiones legales otorgadas a entidades sin las debidas regulaciones ni medidas preventivas, hasta actividades ilegales allí acontecidas, el frágil ecosistema del Marañón sufre daños constantes y casi irrevocables.

Uno de los principales responsables es, precisamente, la contaminación sistemática por derrames de petróleo. Tanto en la vertiente norte del río como en el sur, se encuentran pozos petroleros de grandes dimensiones.

Cada día, miles de barriles de crudo son transportados a través del Oleoducto Norperuano, el más largo del país, y operado por la empresa estatal PetroPerú, que conecta la Amazonía con la costa de la región sudamericana.

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Ahora bien, este ducto petrolero ha estado involucrado en numerosos derrames a lo largo de los años. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo entre 1997 y 2019 se registraron más de 60 desastres ambientales, principalmente causados por la corrosión y el deterioro de la infraestructura.

Sin embargo, solo una parte de estos incidentes se hace pública. Muchos pasan desapercibidos, filtrándose bajo el agua y sedimentándose, lo que provoca la muerte de su vida acuática.

Y es que, la contaminación aquí afecta de manera severa a los vecinos, quienes perciben la polución en cada gota que beben, o en cada pez que se desvanece.

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Adicionalmente, la minería ilegal de oro, así como los grandes proyectos de infraestructura, como represas hidroeléctricas o la Hidrovía Amazónica —que actualmente están detenidos— agravan la crisis. Pues envenenan con mercurio y otros metales pesados, uno de los cuerpos de agua más vitales del país.

Todo ello se complica aún más por la carencia de a agua potable y la inexistencia de sistemas de saneamiento adecuados, ya que ninguna ciudad amazónica cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales.

De modo que las consecuencias para los pobladores son inasumibles. No solo enfrentan una creciente dificultad para obtener alimento debido a la disminución de peces, sino que también presentan serios problemas de salud.

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Ya en 2023, un equipo de científicos —españoles, peruanos, estadounidenses y británicos, entre otros—, alertaron sobre la presencia de concentraciones elevadas de sustancias nocivas como el mercurio, el arsénico y el cio en los cuerpos de las comunidades indígenas que viven cerca de estas zonas petroleras.

Estudios anteriores, además, también identificaron niveles preocupantes de plomo en la sangre de estos mismos grupos.

Ahora, la comunidad Kukama, entre otras, relaciona diversas enfermedades sin diagnóstico claro, así como la muerte de varios de sus , con el consumo de agua contaminada. Entre los padecimientos que se han detectado están la desnutrición, malformaciones, abortos, alergias, manchas en la piel e incluso cáncer.

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Estos problemas afectan especialmente a las mujeres, quienes padecen infecciones recurrentes y abortos espontáneos. Además, se han registrado casos de niños que nacen con deformidades.

Por todo ello, y ante la inacción de la istración peruana, un grupo de féminas de 28 comunidades indígenas diversas que, desde 2001, han liderado la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana —en español, "mujeres que trabajan"—, decidió actuar.

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La demanda, presentada en 2021, solicitaba que el río Marañón y sus más de quince afluentes fueran reconocidos como seres vivos, con derechos intrínsecos que, al igual que una persona jurídica, debían ser protegidos al amparo de la ley.

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Dicha acción, dirigida contra diversas entidades estatales, incluyendo Petroperú y los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, contó con el respaldo del Instituto de Defensa Legal de Perú, y de otras organizaciones como International Rivers o Earth Law Center.

Tras años de lucha, y mediante el fallo emitido en marzo de 2024, las mujeres consiguieron que la Corte Superior de Justicia de Loreto (Perú) reconociera al río Marañón como una entidad jurídica.

Esto implica que, como titular de dichos derechos, el Estado de Perú está obligado a valorar, proteger, prevenir y conservar el río, que, además, tiene legitimidad para “fluir libremente y estar libre de contaminación”.

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En suma, se reconoce al pueblo Kukama como representante, guardián y defensor del río Marañón y sus afluentes, resaltando el carácter intercultural de la demanda. Pues, al reclamar el reconocimiento de los derechos del río, también se exigía el respeto a la cultura y cosmovisión de sus pueblos originarios.

Para estas etnias indígenas, el río en sí mismo es un ser vivo con significado espiritual, considerado como el Padre Naturaleza que da vida, acompañado por la Madre Naturaleza o Purahua, personificado en forma de boa.

Según su creencia, bajo el río se conecta la vida terrenal con el más allá. En el fondo de sus aguas habitan espíritus, que ayudan a los chamanes y alimentan a los peces, así como personas desaparecidas en el propio río, los Karuara, que, para ellos, aún forman parte de la comunidad.

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Sin lugar a dudas, este movimiento logró una victoria judicial sin precedentes en la historia de Perú. Era la primera vez que un cuerpo de agua recibía este reconocimiento en el país y veía ‘resarcidas’ más de tres décadas de derrames y negligencias.

Las leyes peruanas se pusieron, al fin, al servicio del bienestar de la naturaleza, de la defensa de la protección ambiental y de los ecosistemas acuáticos. Un precedente clave para la lucha ambiental a nivel global.

En una entrevista para BBC News, Mari Luz Canaquiri, guardiana del río y ganadora del prestigioso “Nobel Verde” —el Goldman Environmental Prize—, incidía en que:

“Tenemos que defender lo que tenemos, cuidar lo que tenemos, porque por más que está ya un poco enferma la naturaleza, aún hay tiempo (…) Se necesita una Amazonia viva, respetada, para que el mundo entero respire (…) Defender ríos y territorios es defender nuestra propia vida. Sin ellos no somos nada”.