Una jueza carga contra Trump por no devolver a un migrante salvadoreño deportado por error: "No ha hecho nada" i3c5w

La jueza que está al frente del caso de la deportación del migrante salvadoreño enviado por error a una prisión de máxima seguridad en El Salvador ha reprochado este martes que el Gobierno estadounidense "no ha hecho nada" para facilitar su regreso y ha ordenado una investigación exhaustiva. Así lo ha señalado la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia donde ha apuntado que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán testificar los funcionarios involucrados.

El salvadoreño, Kilmar Ábrego García es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EEUU el pasado 16 de marzo y enviados a una prisión de alta seguridad salvadoreña sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como "desaparición forzada". La istración Trump se ha amparado en una ley de 1798 para llevar a cabo esta operación.

A pesar de que el Supremo estadounidense emitiera la semana pasada un fallo respaldando una orden de Xinis que instruye al Gobierno a "facilitar" el retorno del salvadoreño, tanto la istración Trump como El Salvador se han negado a hacerlo. Durante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta sería ilegal.

Kilmar Abrego García en una imagen de archivo. Reuters

Por su parte, el Gobierno Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es "clasificado" y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.

"Ábrego García era un terrorista extranjero. Es miembro de la pandilla MS-13. Se dedicaba a la trata de personas. Ingresó ilegalmente en nuestro país, por lo que deportarlo a El Salvador siempre iba a ser el resultado final", ha justificado en una rueda de prensa la portavoz presidencial, Karoline Leavitt. "No entiendo qué es tan difícil de entender para los medios de comunicación. Es terrible, verdaderamente terrible, que se haya dedicado tanto tiempo a cubrir a este presunto traficante de personas y a este pandillero", ha añadido.

Interrogatorios 6b3n3a

En la vista de este martes, Xinis ha instruido al Gobierno a responder a interrogatorios sobre el caso y a entregar documentos pertinentes, citando inicialmente a los funcionarios que han presentado testimonios jurados en el caso. "No voy a tolerar juegos. (..) Cancelen vacaciones u otras citas que tengan", ha indicado a los abogados del Ejecutivo.

"A fecha de hoy (...) no se ha hecho nada", ha dicho la jueza en relación a la orden del Supremo. "He pedido informes a individuos con conocimiento directo y he recibido muy poca información que valga la pena", ha añadido.

Alex Brandon Reuters

La secretaria de Seguridad de Trump amenaza a los migrantes desde la megacárcel de Bukele: "Los vamos a cazar y expulsar"

El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EEUU que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense. "No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida. Kilmar, si me oyes, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. Nuestros hijos preguntan cuándo volverás a casa", dijo Jennifer Vásquez a las puertas del tribunal de Maryland.

Ábrego García residía en el estado de Maryland tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

El Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en suelo norteamericano hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión sobre la que pesan denuncias de abusos a los derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.