Pilar Bernabé y Miguel Polo, en una visita a obras de emergencia de la dana. Delegación del Gobierno 6v5t4c
Varias acusaciones ya piden a la jueza que cite al presidente de la Confederación del Júcar e investigue a Pilar Bernabé 1s93r
A la espera de la posición de la Fiscalía, familiares de fallecidos por la dana y algunas asociaciones solicitan que Polo acuda como testigo, lo que le obliga a decir la verdad; el ex número dos de Emergencias Emilio Argüeso solicita su imputación. p5t4w
Más información: Las contradicciones de Bernabé sobre la dana: ni "la alerta se envió cuando llegó Mazón" ni "había información del Poyo" 3v315x
La declaración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como testigo ante la jueza de la dana han reabierto el debate sobre la citación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Tres acusaciones ya han pedido que comparezca como testigo, porque estaría obligado a decir la verdad, a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre si ve oportuna esta diligencia o si considera más procedente la imputación. A ello se añade que otra acusación ha solicitado a la magistrada que investigue a Bernabé.
La delegada del Gobierno itió el lunes ante la jueza que, durante la mayor parte de la tarde del 29 de octubre, nadie en el Cecopi habló del riesgo en el barranco del Poyo, que provocó la mayoría de las 228 muertes. Todos los ojos estaban puestos en el posible colapso de la presa de Forata.
Tampoco lo mencionó la propia CHJ. Ella misma se enteró del desbordamiento cuando llamó a la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas. Esta le dijo que se había salido el río y que estaba viendo a sus vecinos intentando salvarse. A esa hora, de hecho, ya había fallecidos (algo que se supo con posterioridad).
Después de esta conversación, pidió reanudar el Cecopi -que en ese momento se encontraba en desconexión telemática- y pidió que la alerta que se iba a mandar a la población se hiciera a toda la provincia de Valencia y no sólo a los municipios afectados por Forata.
Aunque Bernabé hizo hincapié en las responsabilidades de la Generalitat en varios aspectos, sus palabras perjudicaron también al Gobierno y a la CHJ al reforzar la tesis de que no ofreció la información suficiente. Desde luego, no de manera verbal.
De ahí que en este momento hayan resurgido las voces que consideran necesaria la imputación de Polo. Parece claro que la Generalitat la pediría si estuviera personada en la causa, pero la jueza entendió que no correspondía en este momento del procedimiento.
El gran interrogante se encuentra en qué hará la Fiscalía. La manera en la que el representante del Ministerio Público interrogó este miércoles a Bernabé deja entrever que apunta a la responsabilidad de la CHJ en este asunto.
Le cuestionó sobre si se constituyeron los organismos que le marca su protocolo interno en las situaciones de emergencia como la de aquel día o en si alertó de los datos del caudal y del riesgo en el barranco del Poyo.
Una manera de tratar de apuntalar la actuación de la CHJ que podría derivar en la petición de imputación de Polo. Algo que, en todo caso, la Fiscalía no ha comunicado oficialmente que vaya a hacer ni ha presentado todavía escrito alguno al respecto.
Imputación de Bernabé 2mtu
La citación del presidente de la CHJ sí ha sido solicitada ya por tres acusaciones tras las declaraciones de Bernabé: por Ciudadanos, por un abogado que representa a familiares de fallecidos por la dana y por la asociación Liberum. Además, investigados como Emilio Argüeso han pedido su imputación.
En cuanto a la asociación Liberum, también ha solicitado que sea llamada a declarar como investigada la delegada del Gobierno por no pedir al Ministerio del Interior la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno.
La jueza tendrá que decidir. Con anterioridad ya ha rechazado imputar a Bernabé y a Polo, si bien la testifical de Bernabé aporta, a juicio de varias fuentes, novedades suficientes como para replantear especialmente lo último.
Pilar Bernabé, este lunes en las puertas de los juzgados. Rober Solsona / Europa Press
La Asociación de Damnificados Horta Sud-Valencia, por ejemplo, ya la pidió en su querella inicial. La magistrada no atendió esta reclamación porque circunscribió las posibles responsabilidades penales a la exconsellera Salomé Pradas y al que fuera su número dos, Emilio Argüeso.
El motivo es que se centra en investigar si el aviso a la población fue tardío y erróneo, como ella misma lo ha calificado, y eso contribuyó a multiplicar las muertes. Sin embargo, decidió dejar fuera la falta de información de la CHJ sobre la gravedad de la situación.
La cúpula política de la Conselleria de la que colgaba Emergencias -es decir, Pradas y Argüeso- era la que ostentaba las competencias de protección civil y tenía el mando único para la toma de decisiones.
Este es el argumento de la magistrada para que sólo figuren ambos como imputados por el momento y en el que se tendrá que ratificar (o no) próximamente.
A ello se une que la Audiencia de Valencia también deberá pronunciarse. La Asociación de Damnificados Horta Sud-Valencia interpuso el pasado marzo un recurso ante la decisión de la jueza de no imputar a Polo del que todavía no ha habido respuesta.
La declaración de Bernabé ha desencadenado otras peticiones de diligencias. Ciudadanos ha solicitado a la magistrada que cite como testigos a Alberto Martín, director general de Emergencias; José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet; Jorge Suárez, subdirector de Emergencias; la Jefa de servicio responsable en el 112, del Centro de Coordinación de emergencias; o la directora de comunicación del Centro de coordinación de Emergencias.
Hace unas semanas también pidió que compareciera el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos el día de la dana, José Miguel Basset, para que aclarara los motivos de la retirada de los efectivos de la vigilancia de los barrancos.
Los técnicos 6o33d
Al margen de Polo, los testimonios tanto de Suárez como de Basset resultan fundamentales. Especialmente del primero. Se trata de los dos técnicos en los que Pradas y Argüeso descargaron su responsabilidad cuando declararon en el juzgado.
Suárez es un alto funcionario y seguramente el técnico más importante que estuvo en el Cecopi la tarde de la dana. Recientemente, ha firmado varios informes que la Generalitat ha remitido a la magistrada.
En ellos, abunda en la carencia de aviso directo en el Cecopi por parte de la CHJ o en que el 112 trasladó las miles de llamadas de aquella jornada a los municipios y a los cuerpos de seguridad.
Su declaración ante la jueza podría aportar novedades sobre toda esa cadena de comunicaciones, sobre si alguien advirtió del Poyo o sobre qué pasó con las llamadas del 112.
