El modelo Muface, ¿condenado a morir? 735g6l

En cualquier caso, esta espera ya ha dejado al modelo herido, al generar tal inquietud entre los asegurados que, tal y como indican las cifras preliminares, unos 45.000 s de los mutualistas, que suponen el 4,3% del total de los que estaban adheridos a la asistencia en la provisión privada, se han cambiado, sólo en el mes de enero, al sistema público.

Esto ha hecho que de nuevo el porcentaje de funcionarios que elige la Sanidad privada siga menguando, y en el momento actual apenas alcance el 65% del total, cuando hace pocos años veníamos de cifras superiores al 85%.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Europa Press

Pero todavía nos faltaba por saber el resultado del informe más esperado. La quinda del pastel que le daría la puntilla definitiva al modelo. Nos faltaba por conocer el resultado del informe de la AIReF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se estuvo trabajando de forma concienzuda durante todo el año 2024. Y cuyo resultado final fue entregado y guardado a cal y canto por parte del Gobierno, a partir de su entrega este mes de diciembre pasado.

Hasta que ahora, una vez conseguida y cerrada la negociación con las compañías, ha visto la luz con un resultado que a primera vista puede parecer demoledor en contra del modelo. Casi una sentencia de muerte.

Desde el sector privado, nos podíamos imaginar que no iba a ser muy bueno en favor de los intereses del modelo. Más allá de la objetividad que pueda tener la institución, los resultados se pueden presentar o se pueden ver influenciados por unas corrientes ideológicas u otras.

Pero, visto de primeras, la conclusión es tan catastrófica que la recomendación que hace la agencia es que "se haga voluntaria la adscripción de los funcionarios a la mutualidad, que no se incorporen los nuevos funcionarios a la provisión privada y que se prepare el SNS para acoger a los s de este modelo para no ver empeorados más todavía sus indicadores de al sistema". Ni más ni menos.

El resultado a primera vista tiene tantos argumentos en contra del modelo frente a los que se podrían poner en valor a su favor que ahora se entiende por qué el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública lo mantuvo en el cajón hasta después de que se cerró la negociación.

Y más si cabe ante la presión ejercida por parte de sus socios de Gobierno en el Ministerio de Sanidad para acabar con el modelo. Y recibir con los brazos abiertos en el sistema público a todos los funcionarios porque apenas ese 2% iba a afectar a la estructura sanitaria de la red pública. Porque el papel lo aguanta todo.

Pero, en mi opinión, las cosas no son tan evidentes. Y algunas críticas que se han vertido sobre el modelo Muface son fácilmente explicables. Y, si se quiere, hasta entendibles.

Por ejemplo, uno de los aspectos más criticados del modelo es que se le acusa de que a pesar del alto porcentaje de gente que elige la provisión privada –hasta enero, más del 70%-, el 60% de los pacientes con patologías graves y extremas se trata en la Sanidad pública.

Esto ha sido tomado por los partidarios de acabar con el modelo como un ejemplo evidente de que las aseguradoras hacen una selección de riesgos para quitarse de encima los pacientes más graves y que se vayan a la Sanidad pública. Pero esto no es así.

La razón es que la dispersión de los funcionarios es proporcional por todas las provincias de nuestro territorio, y sólo un 20% de los pacientes asegurados se encuentran en grandes capitales en donde la Sanidad privada puede atender la complejidad. Es decir, en provincias como León o Salamanca, al no haber masa crítica de población suficiente que sea usuaria de la Sanidad privada, no se puede –ni se debe, porque sería una irresponsabilidad- atender la complejidad. Y es normal que los pacientes en esas provincial de forma mayoritaria se vayan al sector público.

Y la prueba de esto es que, de hecho, de ese 60% de pacientes con procesos graves o extremos que se van a la Sanidad pública aproximadamente, un 30% lo hacen a través de la elección de la aseguradora. Y por tanto lo financia ella.

Pero no es que exista una selección de riesgo por parte de nadie. Y lo digo desde mi experiencia en la atención de pacientes de alta complejidad en Madrid o Barcelona, donde no ha habido instrucción alguna ni a proveedores, ni a pacientes en este sentido. Puede haber casos excepcionales, pero la selección de riesgos no es una cosa habitual en el sector.

Otra cosa que se ha criticado es que los fármacos hospitalarios en la privada son más caros que en la Sanidad pública.

"Lo que no es lógico es esperar que los proveedores sanitarios privados tengan que trabajar gratis la gestión de los fármacos"

Es obvio que la participación de las empresas privadas tiene que tener una contraprestación económica. También sería legitimo el querer que esa actividad la haga todo el sector público para que todo el supuesto beneficio revierta en el mismo.

Pero lo que no es lógico es esperar que los proveedores sanitarios privados tengan que trabajar gratis la gestión de los fármacos, dado que requiere unos medios humanos y materiales para poder hacerlo. Y que, por otra parte, todo el resto de la cadena que hace que el medicamento llegue al hospital privada, desde la industria farmacéutica hasta la distribuidora del medicamento, sí puede generar un beneficio por ello. 

Lo que sí es obvio también, y parece que pasa un poco de soslayo, es que el modelo de los funcionarios es aproximadamente 400 euros más barato que la prima per capita del sistema nacional de Salud.

Que el modelo tiene una gran agilidad y productividad tanto en consultas como en pruebas (muy por encima del SNS).

Que el modelo genera gran satisfacción a sus s.

Y, sobre todo, que como dice el propio informe, el acabar con el modelo sin hacer las reformas necesarias en el sector público produciría un incremento en la lista de espera quirúrgica del 7% -lo que puede no parecer mucho–, pero un incremento de la lista de espera para la primera atención con un especialista del 30%. Y esto son ya palabras mayores. 

Primero, porque la primera asistencia con el especialista es sólo la primera etapa para saber qué es lo que le pasa al paciente, y si es grave o banal.

Segundo, porque en el momento actual hay cuatro millones de personas esperando una media de 94 días a esa primera consulta. Y ese 30% supone que se dispararía por encima de los cinco millones. Aunque el papel lo aguanta todo, parece una barbaridad.

Y así podría incidirse en muchos otros aspectos del informe.

Lo que debe quedar claro es que condenar al modelo de las mutualidades a su extinción, que es lo que parece que está pasando –apagarlo o asfixiarlo hasta que deje de suponer un problema político–, es un error. Y un lujo que nuestro sistema sanitario público y lo que implica para el Estado de bienestar de los españoles no se puede permitir. 

Más allá de las muy respetables motivaciones ideológicas, lo que importa es la salud de los ciudadanos. Y plantear acabar con el modelo o proponer medidas para que se vaya acabando sin hacer las reformas necesarias en el sistema público sólo se traducirá en un empeoramiento progresivo de los indicadores de éste. Y así lo veremos.

En conclusión, el informe de la AIReF es un trabajo concienzudo y exhaustivo que, según mi conocimiento y criterio, está mal leído e interpretado.

Lo más oportuno sería tratar de revitalizar el modelo para aprovechar sus ventajas y corregir aquellas cosas que puedan ser mejorables -que también las hay-, para que siga siendo un ejemplo constructivo de colaboración púbico-privada. Y, con ello, siga aportando valor a nuestro modelo de Salud.

*** Juan Abarca es presidente de la Fundación IDIS.