El Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez ha dejado fuera por ahora a Aragón del reparto de 35 millones de euros en ayudas por no aplicar las zonas tensionadas, una decisión que, de confirmarse, abriría un nuevo frente con el Ejecutivo de Jorge Azcón.
La propia ministra ha confirmado en la inauguración de la feria Construmat, en Barcelona, que el Ministerio de Vivienda está ultimando la habilitación de 35 millones de euros que se traspasarán a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas o estén en proceso de hacerlo para que dispongan de más recursos para adoptar medidas adicionales en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Para el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, “la declaración de una zona tensionada implica la asunción de un problema y la activación de recursos para resolverlo". "El Gobierno está y estará al lado de quienes se comprometan con el derecho a una vivienda digna y usen las herramientas disponibles para garantizarlo", ha asegurado.
En su opinión, la DGA tiene la oportunidad de ayudar a la gente para acceder a la vivienda aplicando en Aragón la Ley de Vivienda del Gobierno de España, que permite declarar zonas tensionadas y controlar los precios.
"La ley se aplica o no se aplica, y el Gobierno de Aragón, por motivos ideológicos y económicos, porque prefiere que sus amigos se beneficien de que suban los precios, ha preferido no hacerlo. Con esta decisión, castiga a todos esos jóvenes y familias que, en pueblos turísticos o zonas en expansión, no se pueden beneficiar de una Ley que está en el BOE desde 2023. Es una muestra más de su incapacidad de gestión”, asevera.
Beltrán ha subrayado que “la Ley de Vivienda funciona allí donde se aplica y está dando resultados". Como ejemplo ha puesto Cataluña, donde el precio del alquiler de las zonas tensionadas ha bajado un 3,7% en un año. También ha nombrado Barcelona, donde el descenso ha sido del 6,4%. A la vez que se han sumado nuevos contratos de alquiler al mercado, lo que hace, de acuerdo con Beltrán, "que haya precios más bajos y contratos más estables”.
Desde el Gobierno central recuerdan que la Ley de Vivienda contempla en su artículo 18 "el diseño y adopción de medidas de financiación específicas" para "favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta" en las zonas que se hayan declarado tensionadas.
Por tanto, estos fondos van asociados, tal como marca la legislación, a la aplicación y desarrollo en el territorio de la Ley de Vivienda, que posibilita a las Comunidades Autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado. Una figura, insisten desde Vivienda, que permitiría en esos lugares bajar el precio de los alquileres un 5% y que los caseros tuvieran una bonificación fiscal de hasta el 90%.
La respuesta de Aragón
La respuesta del Gobierno de Aragón no ha tardado en llegar. Los de Jorge Azcón consideran que premiar a las comunidades que se someten al dictado de la "nefasta ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez en detrimento de las que no lo hacen, por la ineficacia constatada de esta ley, es un castigo absurdo y difícil de explicar".
"Absurdo porque ni la propia ley obliga a la declaración de zonas tensionadas y difícil de explicar porque discrimina en función de una ley de claro sesgo ideológico", señalan desde el Departamento de Fomento de Octavio López.
La medida en sí, añaden, resulta irrisoria si se compara lo que a Aragón le correspondería en función de su población (el 3%, aproximadamente) de esos 35 millones, que apenas alcanza el millón, mientras que el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' para impulsar vivienda pública en los 43 municipios más turísticos donde hay cierta presión en relación a la vivienda habitual para trabajadores del sector está dotado de 65 millones. "Un millón frente a 65 millones. Esa es la comparativa", sentencian.